El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha anunciado en el Congreso que el Gobierno está preparando una norma para unificar la edad de acceso al consumo del alcohol en todas las comunidades, de modo que sólo esté permitida su venta a personas de más de 18 años.
Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, en la que ha admitido que actualmente España carece de una ley que homogeneice el acceso a las “drogas” legales, salvo el tabaco, lo que ha propiciado, por ejemplo, que en Asturias, se permita la venta a jóvenes a partir de los 16 años.
Por ello, según ha recordado Babín, el objetivo del Ejecutivo es fijar la edad de acceso “donde la mayoría de comunidades la han situado”, a los 18 años, lo que “además coincide con la mayoría de edad legal”.
“Hay una insistente preocupación social” por el consumo de alcohol en jóvenes, según ha reconocido Babín, ya que actualmente es, junto con el tabaco, la droga más consumida por la población general y por los estudiantes. Asimismo, ambas sustancias son las que presentan la edad media de inicio más baja.
Esto se debe, en el caso del alcohol, a que se trata de la droga legal “más fácil de conseguir y la considerada de menor riesgo para la salud”. De hecho, ha asegurado, está “omnipresente en el policonsumo y está presente en más del 90 por ciento de los casos, y en adolescentes y jóvenes, de consumo concentrado en fines de semana y vinculado al ocio.
Por ello, con esta iniciativa legal, que tendrá rango de norma básica, se obligará a todas las comunidades a fijar la misma edad de inicio y, asimismo, también definirá los distintos ámbitos de intervención donde es más natural hacer la prevención, y cuáles son los criterios que deben cumplir los programas de prevención para poder ser más eficientes y recibir fondos del Estado de cara a financiar estas actividades.
“No se trata tanto legislar desde el Estado lo que tienen que hacer las comunidades y los ayuntamientos, pero sí significar las circunstancias en las que el consumo de alcohol perjudica la salud y el desarrollo de los jóvenes, que son los adultos del mañana”, ha asegurado Babín.
Hasta los 24 años el cerebro puede sufrir daños.
De hecho, ha reconocido que la edad de inicio fijada, los 18 años, el cerebro “está todavía madurando” y “no es hasta los 24 años cuando el perjuicio que pueden causar determinadas sustancias está demostrado y es feaciente”, negando no obstante que “vayan a llegar a niveles de protección tan excesivos”.
El objetivo de Babín es que se pueda llegar a un consenso con todas las comunidades en ésta y otras materias, y aunque reconoce que su desarrollo no será “un procedimiento largo”, no ha querido fijar un plazo para la aprobación de dicha norma porque “si se plantean horizontes temporales se vulneraría el consenso”.
Ante este respecto, el senador del Grupo Popular ha reconocido que el alcohol es un problema que “afecta a millones de jóvenes que parece que no tienen otra forma de divertirse que beber por beber, mientras que la senadora del Partido Socialista, María Isabel Flores, ha reconocido tener sus dudas sobre dicha norma porque, “al prohibir, lo que se provoca el efecto contrario”.
En otro sentido, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha reconocido que también impulsará la atención integral de las adicciones en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y se creará una Red Nacional de Toxicomanías y Adicciones (RENATA), que incluirá un sistema de alerta temprana en relación a drogas emergentes y otros problemas relacionados.
Cambia la regulación del fondo de bienes decomisados.
Por otro lado, Babín ha anunciado una renovación de los instrumentos normativos que regulan el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados ya que, “en momentos de crisis y racionalización de recursos”, de él depende la cobertura financiera de las actuaciones que se lleven a cabo en esta materia a lo largo de la legislatura.
En este sentido, ha asegurado que pretenden facilitar las relaciones de colaboración con los juzgados en la gestión, tanto de bienes ya decomisados por sentencia firme, como sobre los que se determine su venta o destrucción anticipada.
Asimismo, este nueva regulación del Fondo incorporará medidas para potenciar la venta o destrucción de los bienes intervenidos antes de que exista una sentencia judicial firme.
Fuente: Europa Press. http://www.thefamilywatch.org/nos/nos-2799-es.php
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