Marihuana contra la crisis

Desde de la propuesta del pueblo de Rasquera estos días escuchamos muchas noticias sobre la marihuana. Su alcalde, Bernat Pellissa, ha planteado la cesión de terrenos municipales a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCD) -que cuenta con 5.000 socios- para cultivos de cannabis, bajo unas condiciones de control y supervisión. De hecho, estamos hablando de llevar a cabo una iniciativa que hace años que existe y que practican diferentes asociaciones cannábicas en un marco de alegalidad que, francamente, tampoco ayuda a consumidores ni prohibicionistas a encontrar ni entendimiento ni acuerdo. En otras comunidades de España también han surgido iniciativas similares. En cualquier caso, reconozcamos que más allá de la expectación mediática de esta propuesta, se plantea una alternativa al mercado negro que sea regulada y transparente.

No es nuevo reconocer que un número significativo de la población consume cannabis. Joven, y no tan joven. Y si bien es cierto que su consumo es importante, la interpretación de las estadísticas y posibles consecuencias de su consumo a menudo es poco rigurosa. Cada vez que aparecen datos en los media se enciende la señal de alarma, frecuentando informaciones confusas e, incluso, que se contradicen. Se mezclan conceptos -el uso terapéutico se contrapone al lúdico -, se agrupan diferentes realidades -no se diferencia entre quiénes hacen un uso problemático o no, y entre quienes tal vez sólo lo han probado- buscándose causas y culpables. El debate existente tiende a exaltar los discursos extremos. Y de entre quiénes resaltan las excelencias, a quiénes niegan cualquier utilidad, se desvanecen los puntos intermedios y carecemos de margen para extraer conclusiones prácticas y realistas. Y ante esta doble lectura sobre la que pivotan las interpretaciones principales -estar a favor o en contra- tendremos que buscar soluciones que favorezcan una convivencia no problemática con esta realidad. (Aplazamos para otro artículo el debate sobre la legítima búsqueda de la ebriedad). Si a todo esto le sumamos la preocupación sobreañadida que a menudo rodea la adolescencia, nos asaltan la inquietud y el pesimismo.

Legalmente el marco confunde. Recordemos que el consumo de cannabis, pese a no estar penalizado en España, se sanciona administrativamente por tenencia y/o autoconsumo en espacios públicos o de pública concurrencia, de acuerdo con una ley impuesta por el Ministro socialista Corcuera vigente desde el año 92. Además, el Código Penal sí considera delito el cultivo, la elaboración o el tráfico de drogas. Pero bajo una penumbra jurídica que da margen a confusiones e interpretaciones contradictorias: ¿qué plantea sobre el autocultivo o el consumo compartido? Y es este vacío legal el que se ha aprovechado para avanzar en un terreno cargado de excesiva moralidad.

Es evidente que, marco jurídico aparte, socialmente se ha abierto un debate. Y quien está en contra de todo eso apela a que los beneficios de regular el mercado negro aumentarían posiblemente el consumo, aunque es difícilmente demostrable. Asimismo facilitaría que otras drogas de mayor riesgo, como la cocaína, fueran más deseadas dada la idea de "la atracción por lo prohibido", basándose en que permitiendo ciertos consumos de cannabis la gente entenderá que las otras drogas sean percibidas cómo menos peligrosas. Pero obvian aspectos que tendríamos que valorar en clave positiva. Propongo algunos:

1. tendríamos una sustancia menos adulterada, por lo que dispondríamos de control sobre la calidad.
2. Los consumidores estarían en espacios más controlados, por tanto, "seguros".
3. Controlaríamos mejor la accesibilidad, sobre todo pensando en aquellos adolescentes que actualmente acceden con más facilidad a cannabis que alcohol, por poner una situación típica y paradójica.
4. Tendríamos regulado un sector profesional que actualmente existe, y todo lo hace en negro (una de las máximas pregonadas por el alcalde de este pueblo tarraconense).

Por lo que ya que estamos en pleno debate sobre su viabilidad, construyamos algunas ideas para su regulación: estaremos de acuerdo, inicialmente, que en toda esta historia debemos preservar una dimensión ética. Por lo que mejor constituir cooperativas o asociaciones, asamblearias y con objetivos comunes compartidos, obligatoriamente ausentes de ánimo de lucro, antes que entregar la cuchara a empresas neoliberales, algunas de ellas presentes en la última feria Spannabis. Soy partidario de que de ninguna droga -alcohol incluida- se tiene que hacer publicidad, ya que crea problemas a mucha gente como para que favorezcamos su promoción. Quizás también tendremos que pasearnos por diferentes propuestas de asociaciones cannábicas y comparar sus modelos. En segundo lugar, garanticemos una relación (casi)obligatoria entre usuario y productor. Esto es, promover "círculos cerrados": entre usuarios conocidos y registrados; y no abierto a todo tipo de público. Promoviendo que estos mismos puedan convertirse en agentes "portadores" de salud. Es decir, capaces de promover un consumo responsable y preparados para detectar consumos problemáticos y conocer protocolos de intervención. Será imprescindible dar toda la información básica y necesaria sobre sus consumo, adecuada a los principios de objetividad, moderación, prudencia y responsabilidad. Más cuestiones: tendremos que conocer la composición y calidad de la sustancia. Por lo que se necesitarán análisis claros y controles de producción, como la mayoría de productos destinados al consumo humano. Con una propuesta de funcionamiento y regulación legal clara y transparente, coordinada con la Administración, los Servicios de Salud, los Cuerpos de Seguridad, e integrada en la lógica pública de mercado, con su correspondiente pago sensato de impuestos. Pese a todo, aprendamos lo que nos ha pasado con el alcohol y tabaco para evitar nuevos modelos éticamente dudosos. Por último: limitemos su acceso a mayores de edad. In-sensateces aparte, es evidente que no estamos socialmente suficientemente maduros para hablar de consumos adolescentes. Aunque es cuestionable apelar a la edad legal para regular ciertas decisiones.

El debate a plantear pues no es sobre qué problemas provocará este cultivo. Sino cómo construir un proceso constructivo de regulación legal del consumo de cannabis. Ha quedado sobradamente demostrado que las políticas sobre drogas son problemáticas, generando más problemas que soluciones. Y contraproducentes, ya que aumentan el consumo a pesar del pretendido control de la oferta. El reto es abrir el debate de la regulación legal, mal llamada legalización. Sin miedos ni tapujos. Visto lo visto, tenemos poco que perder. Eso sí, utilicemos un discurso maduro y coherente. Es decir, reconducir la inversión a perseguir la oferta a favorecer una demanda controlada: mayor dedicación en educación y prevención. El consumo de drogas genera beneficios a quien participa de la venta y crea conflictos a un sector de la gente que las consume. Ahora más que nunca tenemos que saber "vender" la abstinencia como una de las mejores herramientas para evitarse problemas. Y ésta no sólo pasa por ser abstinente, sino para hacer un buen uso de la prudencia, la consecuencia y el sentido común (¿común?). Pero no debemos utilizarla en exclusiva. Pues vamos a negar una realidad presente y que seguirá siendo. Centrándonos en el cannabis, tal vez habrá que apostar por educar en la responsabilidad. Y no en un mensaje sobradamente ineficaz y poco realista-tipo "No a las drogas".

En época de crisis el interés por preservar la salud se desvincula drásticamente los intereses económicos. El poder económico obviamente gana esta batalla relegando la salud a un segundo plano. El paquete "Ómnibus" en Cataluña así lo ha demostrado, retornando privilegios a la industria de bebidas alcohólicas y de las máquinas tragaperras aumentando así los riesgos de los potenciales consumidores. De hecho, todo esta historia de Rasquera me recuerda el recorrido del cambiante discurso que Arnold Schwarzenegger desarrolló durante sus mandatos en California: inicialmente, marcó el consumo de marihuana como un objetivo a combatir y lo persiguió, suponemos que inspirado por la trilógica Terminator. Años después en cambio abogó por su legalización . ¿Y este cambio? Pragmatismo, decía. Concretados en los 6.000 millones de dólares ganados anualmente a partir la fiscalización de su cultivo y consumo. Cuatro años atrás de esta propuesta de regulación nos alarmaba sobre los graves problemas de la salud asociados a su consumo, con un discurso científico -altamente demagógico- cargado de moral conservadora. Por todo esto sería deseable que fuéramos más allá de entender este hecho de Rasquera como una mera oportunidad económica ante la crisis. Y si ha de servir para regular algo que necesita una regulación evidente, adelante. Tampoco hay que alarmarse por este debate. Ahora bien, que impere el sentido común y preservamos un mínimo equilibrio entre los intereses empresariales y los derechos -y deberes- de los consumidores.

Autor: Jordi Bernabeu Farrús Psicólogo. Servicio de Salud Pública. Ayuntamiento de Granollers.

Publicado originalmente en: http://www.lasdrogas.info/index.php?op=InfoOpinion&idOpinion=337